Sede Social // 27/02/2017 – El consejero de Fomento e Infraestructuras, Pedro Rivera, acompañado por el director general de Transportes, Costas y Puertos, Salvador García Ayllón y el alcalde de Los Alcázares, Anastasio Bastida, visitan las instalaciones del Club Náutico Mar Menor que preside Damián Martínez Olmo, junto con varios concejales y directivos del citado club. Rivera, anunció que el Gobierno regional sacará a licitación este año las concesiones de los puertos náuticos de Los Alcázares, La Isleta (La Manga del Mar Menor) y Los Nietos, con el fin de mejorar la gestión y la oferta náutica de estas instalaciones en la Región, que suman un total de 908 amarres. Además, explicó que las nuevas concesiones “permitirán aumentar las inversiones en los puertos deportivos, así como mejorar y acondicionar los atraques y las instalaciones, para ofertar un mejor servicio a los ciudadanos y contribuir a la desestacionalización del turismo”. La nueva Ley de Puertos “permite ofrecer mejores condiciones en las concesiones de los puertos al modificarse el canon, aplicando criterios más racionales y justos, según parámetros objetivos como el número de amarres, y evitando desigualdades como ocurría hasta el momento, que se pagaba el canon según la superficie de la dársena o la ubicación geográfica”.
El consejero resaltó que “la modificación de la Ley de Puertos es fruto del trabajo del Gobierno regional con el sector, con el fin de apoyarlo e impulsarlo, al ser un atractivo turístico y motor generador de riqueza y empleo en nuestra Región”. La nueva normativa “garantiza la viabilidad económica de los puertos y mejora su gestión ya que ofrece seguridad jurídica y ventajas a la hora de calcular el canon”, explicó el titular de Fomento que se refirió a la reducción de hasta un 35 por ciento en el canon si el puerto organiza pruebas deportivas, además de otras bonificaciones si se realizan obras de interés portuario o se llevan a cabo actividades ambientales. La Ley de Puertos regula también el procedimiento necesario para gestionar embarcaciones abandonadas y en peligro de hundimiento, simplificando los trámites administrativos y agilizando el procedimiento para posibilitar que la Comunidad pueda actuar con rapidez. “Hasta el momento, existía un vacío legal que impedía realizar acciones cuando el barco quedaba abandonado en un puerto ocupando ilegalmente un amarre”, concluyó Rivera.
